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Quien casualmente se conecte a través de internet con la emisora caraqueña CNB pensaría que allí no está pasando nada extraordinario. La música, las noticias e incluso los cortes comerciales siguen circulando, y sólo los comentarios de sus locutores recuerdan que la emisora fue de hecho cerrada hace dos semanas por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel.
CNB es una de las 34 estaciones que, de acuerdo con Conatel, no cumplía con los requisitos legales para mantenerse al aire.
Pero del lado afectado lo interpretan como una medida de carácter político, motivada por líneas editoriales críticas o programas incómodos para el gobierno.
Así que un puñado de emisoras decidió seguir transmitiendo vía internet como forma de protesta, pero también como una estrategia de supervivencia mientras se aclara el panorama.
Entretanto, trabajadores de la radio y la televisión se organizaron en dos grupos: la fundación la Radio es Mía y la organización la Radio Somos Todos. Los dos habían programado para este miércoles un evento con música y baile contra la medida de cierre, pero tuvieron que suspenderlo por causa de unas fuertes lluvias que colapsaron la capital venezolana.
Efectos mixtos
Yo diría que la situación es perfectamente normal, porque se está llevando adelante un proceso dentro del marco legal. Ha habido una reacción por un sector que agrupa a las empresas privadas de la radiodifusión, pero más allá de eso, es comprensible que no haya habido mayor convulsión ni mucho menos
Alberto Aranguibel, analista político
Dos semanas después de que el anuncio del cierre de 34 estaciones revolucionara el espectro radioeléctrico, los efectos en la sociedad parecen todavía poco claros.
Una encuesta publicada recientemente por la compañía Hinterlaces sostiene que el 72% de los venezolanos cree que las medidas contra las radios no contribuyen y no son prioritarias para el bienestar del país.
Pero, tal como pronosticaron algunos portavoces de gobierno, no desataron una ola de protestas masivas en la calle ni pusieron al borde del despeñadero la estabilidad política y social del país.
"Yo diría que la situación es perfectamente normal, porque se está llevando adelante un proceso dentro del marco legal. Ha habido una reacción por un sector que agrupa a las empresas privadas de la radiodifusión, pero más allá de eso, es comprensible que no haya habido mayor convulsión ni mucho menos", le dijo a BBC NEWS el analista político Alberto Aranguibel, quien es partidario de la medida oficial.
Según Aranguibel, incluso hay algunos radiodifusores "afiliados a la Cámara (del sector) que están de acuerdo con que se haga este saneamiento del espectro, ya que ellos mismos quieren que su medio se desarrolle de la mejor manera".
No opina igual Nelson Belfort, presidente dicha Cámara y dueño de CNB, quien en conversación con BBC NEWS se dijo "impactado, de ver todo el trabajo de generaciones destruido por el capricho de un presidente, que lo único que pretende es acabar con el libre pensamiento y los medios independientes".
En camionetas y plazas

Algunas de las radios que fueron cerradas transmiten por internet desde plazas públicas.
Desde que CNB comenzó a difundir sus programas por esa vía, las conexiones se multiplicaron por diez (para pasar de unas 300 o 400 a unas 4.000). Pero según admite Nelson Belfort, no es lo mismo ni es igual.
"Son dos estructuras y dos públicos totalmente distintos. Antes podíamos llegar potencialmente a cuatro o cinco millones de caraqueños, a través de un servicio gratuito e instantáneo. Internet es otra cosa", dice el radiodifusor.
Sin embargo, además del elemento "protesta", mantener CNB en el aire tiene por fin alimentar de material a otras emisoras del circuito en el interior del país que sí siguen operando. Así que es una cuestión de supervivencia, de transición, mientras estudian cómo redimensionar las operaciones para adaptarlas a la nueva realidad.
"Es sólo mientras dure la ola. ¿Cuánto tiempo será eso? Buena pregunta. Un par de meses", le explica Belfort BBC NEWS.
Entretanto se preparan para un proceso de apelación, que podrían intentar ante Conatel o ante el Tribunal Supremo de Justicia. "Que no son opciones sencillas", anticipa.